La incorporación de consideraciones de resiliencia y de bajo carbono en los procesos de toma de decisiones debe considerar diferentes eslabones de la definición de una política pública (ver Fig. 1)
A nivel de mandato se establece el horizonte de lo que se quiere lograr, las metas globales definidas por los países en los INDC´s, SDG´s que responden a un propósito o finalidad.
Las leyes y normativa responden a este mandato y establecen las reglas del juego, aunque también pueden definir una ruta crítica y establecer elementos institucionales para lograr el propósito de una política pública.
El sistema de planificación en base a su estructura sectorial y territorial integra enfoques, marcos lógicos, así como indicadores y verificadores relacionados a la adaptación.
Un sistema de M&E integrado a este nivel puede generar la base de información para la toma de decisiones a diferentes niveles.
El financiamiento y los recursos están disponibles tanto en el sector público como en otras esferas de la sociedad y deben adecuarse a los nuevos requerimientos, la efectividad del financiamiento en lograr los objetivos de la adaptación al cambio climático.
Por último en el nivel de la fiscalización y rendición de cuentas es necesario que exista un claro entendimiento de cuál es el valor de la adaptación al cambio climático y que se requiere en cuanto a esfuerzo y costo para lograrlo.
Participación del sector privado y de la sociedad civil comprometida.
Los procesos de transformación para un desarrollo “climate Smart” requieren de la participación del sector privado y de la sociedad civil comprometida. Es la sociedad en general la que debe mostrar los cambios de comportamiento y transformación para abordar el reto del cambio climático por lo tanto el sector privado y la sociedad civil participan en mayor o menor grado en todos estos eslabones descritos.